• Según documentos a los que ha tenido acceso REVISTATARA.COM, la empresa catalana que Aureliano y Perera colocaron al frente de la recaudación de nuestros impuestos, está liquidando los recibos de plusvalías con una antigüedad de 20 años cuando falta la escritura de la transmisión anterior de la propiedad

• Esta práctica, ilegal y constitutiva de un presunto delito según un informe jurídico que obra en poder de REVISTATARA.COM, contraviene la normativa que obliga a la Administración Pública a requerir los documentos que falten en un expediente antes de proceder a la liquidación del mismo, "no pudiendo en ningún caso liquidar automáticamente por el máximo de 20 años"

• El actual Jefe del Servicio de Rentas del Ayuntamiento de Telde, Sergio Rodríguez, se expone a ser denunciado ante los tribunales por dar cobertura, con su firma, a una acción de cuya posible ilegalidad ya ha sido advertido en reiteradas ocasiones. Varios contribuyentes han manifestado ya a REVISTATARA.COM su firme intención de denunciar a Rodríguez en caso de recibir un recibo por un importe superior al que le corresponde

• El alcalde Aureliano Santiago firmó hoy el decreto Nº 5940 de fecha 20/11/2008 por el cual se aprueban más de 2.000 recibos de plusvalías tramitados de la forma tan poco ortodoxa antes mencionada.Sin duda, los partidos de la oposición deben tomar buena nota de lo ocurrido. Este asunto debe terminar en los tribunales de justicia cuanto antes

De izquierda a derecha, un tal Enric Tarrada, gerente de Recaudación, Ramón Solé, propietario de la empresa catalana CGI, y Antonio Santana, también gerente, aunque escriba "base" con V.

Ahora sí que la han armado buena los catalanes en la Recaudación Municipal de Telde. Su afán recaudatorio y su voracidad desmedida por ganar dinero a costa de nuestros impuestos los ha llevado, según los documentos que obran en nuestro poder, a cometer una presunta ilegalidad en la tramitación de expedientes de liquidación de plusvalías, obligando a los contribuyentes a pagar mucho, pero mucho más de lo que podría corresponderles.

Pero expliquemos con detalle en qué consiste esta garrafal irregularidad administrativa. Cuando alguien vende una propiedad inmobiliaria, ya sea un piso, una casa o un solar, debe satisfacer un impuesto que grava el incremento del valor de terreno, llamado IIVT (Impuesto sobre el Incremento del Valor del Terreno) y conocido popularmente como "plusvalía". Este tributo tiene su origen en el hecho cierto de que, con el paso de los años, un terreno o propiedad inmobiliaria gana valor económico, y en el momento de su venta, su propietario obtiene unas ganancias, y son esas ganancias las que deben satisfacer un impuesto.

Para calcular el importe de dicho impuesto, se toma el número de años transcurridos desde la anterior venta de dicha propiedad hasta la venta actual, objeto de carga fiscal, y ese número de años se multiplica por un coeficiente que varía dependiendo de las ordenanzas fiscales de cada Ayuntamiento.

Es frecuente que, en el momento de acudir al Ayuntamiento para satisfacer la plusvalía, el contribuyente lleve sólo la nueva escritura, donde figura la fecha en la que compró la propiedad, siendo sin embargo necesario que aporte también la escritura anterior, a fin de poder determinar el número de años transcurridos entre una venta y otra. Cuando así ocurre, es decir, cuando el contribuyente no presenta la anterior escritura, el Ayuntamiento está obligado a requerirle la presentación de dicho documento, algo a lo que el contribuyente está obligado.

Pues bien, según los documentos a los que REVISTATARA.COM ha tenido acceso, la empresa que lleva la Recaudación Municipal de Tede, la catalana CGI de Ramón Solé, ha dado a sus trabajadores instrucciones directas para que, cuando falte la escritura anterior, en lugar de requerirla al contribuyente, se le liquide por el período máximo que establece la ley para el impuesto IIVT, es decir, 20 años.

Con esta práctica, a un contribuyente que, pongamos por caso, se le debería cobrar por ejemplo 3 años de plusvalía, se le va a cobrar 20 años, todo por que el Ayuntamiento no cumple con su obligación de requerir la escritura anterior para poder determinar el número real de años transcurridos entre ambas ventas. Ya pueden ustedes imaginarse el incremente descomunal que supondrá para el recibo de ese ciudadano pagar por 20 años en lugar de por tres.

¿Y qué persigue la empresa catalana CGI y el alcalde de Telde Aureliano Santiago con esta maniobra? Pues parece claro. Ganar y ganar dinero los catalanes, y recaudar y recaudar impuestos Aureliano, sin respetar los procedimientos y normas legalmente establecidos.

Pero la cosa no termina ahí. Resulta que, ante la manifiesta presunta ilegalidad de este proceder, los trabajadores de la Recaudación Municipal hicieron saber, tanto a la dirección de la empresa como al funcionario municipal Jefe del Servicio de Rentas del Ayuntamiento de Telde, el señor Sergio Rodríguez, que esta práctica podría ser ilegal, y que no estaban dispuestos a ser responsables de la misma. Aún así, la empresa y el Ayuntamiento han seguido adelante con el procedimiento.

Ante esta tesitura, los trabajadores hicieron constar en los expedientes de plusvalías que tramitaron, que lo hacían "por orden de Sergio Rodríguez, Jefe de Rentas". Es lógica y comprensible la prudencia de los trabajadores en salvaguardarse dado que les están obligando a cometer una presunta ilegalidad.

El caso es que la empresa se ha dirigido a esos trabajadores para recriminarles el haber hecho figurar esa nota en los expedientes tramitados, llegando a "amonestar" por escrito a algunos por ellos.

Al margen de esta presunta y bastante probable ilegalidad cometida por una empresa privada en unas instalaciones municipales y con la cobertura y complicidad del Ayuntamiento de Telde, hemos de reparar en la figura de Sergio Rodríguez, actual Jefe del Servicio de Rentas del Ayuntamiento, quien con su firma, necesaria para ello, está dando cobertura a la operación, y exponiéndose, como funcionario de la Administración Pública con responsabilidad legal, a cargar con las posibles consecuencias judiciales de esta decisión, toda vez que son varios los contribuyentes que han manifestado a REVISTATARA.COM que, "en cuanto me llegue el recibo, voy, lo pago e inmediatamente me persono en el juzgado para denunciar a Sergio Rodríguez como responsable municipal del departamento de Recaudación".

Desde REVISTATARA.COM nos preguntamos si el señor Rodríguez habrá calibrado bien las consecuencias de haberse plegado a las exigencias de esta empresa catalana de Recaudación, toda vez que no serán ellos los que apechuguen con las consecuencias legales de la misma, sino el propio Rodríguez, ya que es la firma del funcionario en cuestión la que da validez al acto administrativo, por no hablar de la responsabilidad legal contraída también por el alcalde de Telde, Aureliano Santiago, ya que hoy mismo firmó el decreto Nº 5940 de fecha 20/11/2008 por el cual se aprueban más de 2.000 recibos de plusvalías tramitados de la forma tan poco ortodoxa antes mencionada.

Sin duda, los partidos de la oposición deben tomar buena nota de lo ocurrido, ya que ante lo que parece una flagrante vulneración de la legalidad y un claro abuso y atropello hacia los ciudadanos y contribuyentes, no basta con mencionarlo en un pleno municipal y patalear en las emisoras de radio. Este asunto tiene que acabar en los tribunales de justicia, y es lo que los ciudadanos esperan de sus representantes políticos en la oposición municipal.

REVISTATARA.COM ha tenido acceso a documentos que prueban todo lo anteriormente expuesto. En concreto, una carta en la que la empresa CGI amonesta a un empleado de Recaudación por hacer constar en los expedientes que se tramitaban por 20 años "por orden de Sergio Rodríguez". En el mismo documento, la empresa reconoce haber dado esa orden a los trabajadores, y manifiesta asimismo que el funcionario Sergio Rodríguez, Jefe del Servicio de Rentas, había dado su "beneplácito" a dicha instrucción, lo que convierte a Rodríguez en cómplice de toda la actuación.

Contamos además con un detallado informe jurídico, elaborado por el señor don Carlos Machado Fernández, nada menos que Vocal del Tribunal Económico Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria y Jefe del Servicio de Tributos y Exacciones del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria entre desde 1987 hasta 2008. En dicho informe se manifiesta claramente que la actual forma de proceder de la Recaudación Municipal de Telde podría encuadrarse dentro de las conductas contempladas por los artículos 404 y 437 del código penal, que dicen lo siguiente:

Artículo 404.

A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años. (Prevaricación)

Artículo 437

La autoridad o funcionario público que exigiere, directa o indirectamente, derechos, tarifas por aranceles o minutas que no sean debidos o en cuantía mayor a la legalmente señalada, será castigado, sin perjuicio de los reintegros a que viniere obligado, con las penas de multa de seis a veinticuatro meses y de suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a cuatro años.

Reproducimos ambos documentos.

Carta enviada por la empresa catalana CGI a los trabajadores amonestándolos.