El Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha aprobado este viernes la creación de una ordenanza destinada a regular la concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro. Esta normativa dotará de un marco definido para la cofinanciación de proyectos sociales en el municipio, alineándose de esta manera con la Ley de Servicios Sociales de Canarias.
Como ha defendido la concejala de Bienestar Social, Carmen Luz Vargas, esta ordenanza “facilita el trabajo conjunto entre Ayuntamiento y las entidades sociales en beneficio de las personas a las que atendemos”.
Así, Vargas ha resaltado que con ella se mejorará “el fortalecimiento de la alianza público-social de manera que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y las entidades sociales que desarrollen proyectos enmarcados en las competencias municipales vayamos de la mano en la construcción de un Sistema Local de Bienestar y, en definitiva, en la mejora de las condiciones de vida de nuestros vecinos y vecinas”.
Así mismo, la ordenanza permitirá, tal como ha subrayado la concejala, avanzar en su marco común para favorecer la mejora continua, “introduciendo en la convocatoria anual aquellos aspectos que entendemos que mejoran la atención a las necesidades que se vayan detectando”.
La ordenanza, que se prevé que entre en vigor para la convocatoria de subvenciones de 2025, tiene el objetivo de ser un instrumento regulador de los aspectos fundamentales de las subvenciones que se resuelvan en el área de los Servicios Sociales.
Asimismo, la normativa permitirá organizar y regular el papel de la iniciativa privada en este ámbito a través del marco normativo general para su participación subsidiaria y complementaria en el sistema público de servicios sociales de Canarias.
Esta disposición asegura que las subvenciones se otorgarán con total adherencia a los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación.
Las ayudas buscan promover la eficacia en el cumplimiento de objetivos, la eficiencia en la asignación y utilización de recursos públicos, así como el desarrollo económico e inclusivo, en consonancia con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Con este propósito, se establecerán criterios objetivos y racionales que garanticen una selección justa y razonable de las entidades beneficiarias.
Una vez aprobada en Pleno, la ordenanza contará ahora con un periodo de información pública de 30 días para, posteriormente, resolver las reclamaciones si las hubiere y proceder a su aprobación definitiva por el Pleno.