El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha celebrado este jueves una Junta General de la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas de Gran Canaria S. A. (Geursa) para dar cuenta de la situación de la entidad pública. El objetivo de esta sesión extraordinaria convocada por el Gobierno municipal ha sido informar del funcionamiento de la empresa y de las actuaciones que se están llevando a cabo en relación con la investigación judicial.
El concejal de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, Mauricio Roque, ha señalado tras la celebración de la sesión, celebrada a petición propia del Gobierno municipal, que “se ha dado cuenta de todas las actuaciones que se están llevando a cabo desde Geursa, con total colaboración, en primer lugar con la Fiscalía y, posteriormente, con el Juzgado, aportando toda la documentación requerida”. Roque ha incidido en que “desde el hemos hecho todo lo que tenemos que hacer para defender los intereses de la ciudad, garantizando, en todo momento, el adecuado funcionamiento de la institución así como, el buen uso de los recursos públicos. Ahora tenemos que esperar a lo que diga la Justicia”.
En este sentido, el edil ha reafirmado el compromiso de respetar la presunción de inocencia de las personas investigadas. Roque ha explicado que, “siguiendo el rigor conceptual de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el término investigado elude en la persona que tan solo recae meras sospechas y por ello resulta investigado, pero respecto de la cual no existen suficientes indicios para que se le atribuya judicial y formalmente la comisión de un hecho punible”.
Pleno
El concejal también ha recordado las funciones de la Junta General y el carácter secreto de sus deliberaciones, tal y como establece la Ley de Sociedades de Capital. En relación a esta situación, Roque ha señalado que la Secretaría General del Pleno ha desestimado la solicitud de un Pleno Extraordinario presentada por el Partido Popular (PP) sobre estas investigaciones.
La resolución decretada por Alcaldía el pasado 6 de septiembre recoge que el informe desfavorable remitido por la Secretaria General de Pleno rechaza todos y cada uno de los nueve puntos incluidos por el grupo popular porque son contrarios a la Ley al exceder el órgano municipal de sus competencias.
Estas competencias, como ha recordado Mauricio Roque, recaen en la Junta General y el Consejo de Administración de la empresa pública. El informe añade que algunos de los puntos no se pueden tratar al encontrarse los expedientes bajo investigación judicial, desconociéndose el contenido de los mismos.
Ya el Consejo de Administración de Geursa se personó a principios del presente mes en la causa e acordó iniciar una investigación interna. Asimismo, la empresa ya había implementado de manera voluntaria en 2022 un modelo de cumplimiento normativo, que fue actualizado conforme a las reformas legislativas incluidas en la Ley 2/2023 reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.