El Pleno del Cabildo de Gran Canaria celebrado este viernes aprobó, con los votos a favor de todos las formaciones políticas y el voto contrario de VOX, solicitar al Gobierno estatal que, de manera prioritaria y urgente, impulse la reforma de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, con el propósito de crear una regulación mucho más clara y concisa, que evite la discrecionalidad de cada entidad local, y que, respetando la autonomía de todas ellas, garantice la consecución de los objetivos de la Directiva Europea.
La Cámara insular respaldó así la moción defendida por Nueva Canarias-Bloque Canarista y el Partido Socialista Canario-PSOE en la que asume las tesis de la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp) y en la que también se solicita la realización de un estudio pormenorizado del impacto que supone la aplicación de esta Ley 7/2022, de 8 de abril, de manera que sus resultados permitan definir el coste por servicio.
Así, con esta iniciativa, el Grupo de Gobierno insular considera que la Ley de Residuos supone un cambio muy importante en materia de tasas locales, puesto que introduce, por primera vez y en contra de lo establecido actualmente por la normativa, una tasa cuya imposición es obligatoria para los ayuntamientos, lo que, como denuncia, “supone una clara invasión de la autonomía local, ya que, según el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, las tasas son un tributo de imposición voluntaria para las entidades locales”. Y, además de todo ello, pone de relieve que la regulación que realiza la Ley de esa tasa “es prácticamente nula y técnicamente muy deficiente”.
De ahí que el Cabildo augure que la aplicación de la Ley de Residuos va a provocar una disparidad de situaciones para las y los ciudadanos, según la localidad en la que residan, y que, dependiendo del sistema elegido por el municipio al aprobar el pago por generación, la cuantía de esa tasa variará de forma sensible. “En todo caso”, sentencia, “la tasa obligatoria impuesta por la Ley va a suponer un incremento del coste para el ciudadano, incluso en aquellos ayuntamientos en los que ya existe una tasa de basura”.
Para finalizar, incide que estas cuestiones problemáticas, que ya fueron denunciadas por la Femp en la fase de tramitación de la norma, originarán múltiples dudas a las administraciones locales y generarán conflictividad en su implantación, lo que puede derivar en un nuevo foco de litigios que contribuirá a engrosar el panorama de incertidumbre que rodea muchos ámbitos de la tributación local.
