El presidente de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, Luis Padrón, asume desde hoy la presidencia del Consejo General de Cámaras Canarias, tras finalizar el mandato de Santiago Sesé, actual presidente de la Cámara de Santa Cruz de Tenerife. El Consejo General de Cámaras Canarias se constituyó el pasado mes de enero, como un instrumento de coordinación e intermediario entre la administración autonómica y las Cámaras territoriales.
Esta designación, que corresponde a un nuevo período de 7 meses, se establece según el acuerdo que se alcanzó el pasado mes de enero con el Gobierno de Canarias, quien ejerce la tutela de las Cámaras.
En este sentido, Luis Padrón afirmó que el Consejo General de Cámaras Canarias es un órgano que representa los intereses de las cuatro cámaras canarias, siendo la voz de las estas ante las instituciones y la sociedad civil.
Asimismo, la vicepresidencia del Consejo ha recaído en el presidente de la Cámara de Fuerteventura, Juan Jesús Rodríguez Marichal, que junto al representante de la administración, designado por la consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos del Gobierno de Canarias y los presidentes de las otras cámaras, conforman el Consejo General de Cámaras Canarias. La persona propuesta por el órgano tutelante es el viceconsejero de Industria, Comercio y Consumo, Felipe Afonso El Jaber, y como suplente, el director general de Comercio y Consumo, David Mille.
Consejo General de Cámaras
El Consejo General de Cámaras Canarias es una corporación de derecho público con funciones consultivas y de colaboración con el Gobierno de Canarias y con el resto de las instituciones autonómicas que representa y coordina a las Cámaras de Comercio de Lanzarote y La Graciosa, Fuerteventura, Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife.
El Consejo General de Cámaras tiene por objeto impulsar actuaciones comunes del conjunto de las cámaras, designar a los representantes del Consejo en todo tipo de organismos y entidades públicas o privadas de ámbito superior al insular, así como proponer reformas y medidas para la defensa de los intereses generales del comercio, la industria, el turismo, los servicios y la navegación.