En el pasado pleno celebrado el 26 de abril, el grupo municipal Vox en Las Palmas de Gran Canaria presentó una moción en la que se propuso realizar un estudio y ejecución, con carácter de urgencia, de las obras necesarias para evitar futuras inundaciones en el barrio marinero de San Cristóbal, como consecuencia de la acción del mar. Esta moción se presenta como consecuencia de que el pasado miércoles 10 de abril, el barrio marinero de San Cristóbal se vio azotado por un fuerte temporal. Muchas viviendas sufrieron daños considerables, afectando a más de 40 familias del barrio. La moción fue rechazada por el grupo de gobierno formado por PSOE, Nueva Canarias y Podemos.
En junio de 2023 la Guardia Civil se personó en la sede de la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística (GEURSA) de Las Palmas de Gran Canaria para recabar documentos relacionados con una denuncia de la asociación vecinal, Rehoyas Avanza sobre posibles delitos de prevaricación urbanística y malversación de fondos públicos en unas permutas de suelo en Tamaraceite Sur.
La gravedad de los hechos no se ha visto acompañada de actuaciones por parte del ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para el esclarecimiento de la situación de la empresa municipal y la actuación de su personal y de sus órganos directivos. Teniendo en cuenta que el Consejo de Administración está integrado por cargos electos del ayuntamiento, sorprende que tampoco se hayan establecido ni asumido responsabilidades políticas. El grupo de gobierno rechazó la moción presentada por Vox en la que se proponía constituir una comisión especial de pleno de investigación de la actividad de la Sociedad Municipal Sociedad Municipal de Gestión Urbanística (GEURSA) desde 2013.
También se presentó una moción a través del concejal y portavoz, Alberto Rodríguez Almeida, para paralizar y desmantelar de forma urgente, el proyecto de la MetroGuagua, considerando cuáles de las obras ya realizadas deberían ser restituidas para recuperar la capacidad y normalidad de las vías afectadas y qué obras podrían ser conservadas por representar una mejora o, al menos, no significar un perjuicio grave para la movilidad, así como buscar soluciones para vender o reasignar el equipamiento que no pueda ser devuelto.
Finalmente en el turno de comparecencias, Vox pidió información de las medidas que va a adoptar para solucionar el problema de congestión del tráfico en el barrio de La Isleta. El concejal delegado del Área de Movilidad y Empleo José Eduardo Ramírez, sugirió el uso de menos coches privados en un acto de intervencionismo a la ciudadanía y de ingeniería social propia de los totalitarismos de izquierdas, no dejando elegir libremente su medio de transporte.