El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha conseguido en los diez primeros meses del mandato actual reducir el pago a proveedores en un 75% gracias a los tres expedientes de modificación de créditos por importe de 57 millones de euros aprobados durante el pleno celebrado hoy.
El Grupo de Gobierno municipal inició el actual mandato el pasado mes de junio con una deuda con proveedores que ascendía hasta los 110 millones de euros que se recogían en la denominada cuenta 413.
En apenas diez meses, el Consistorio ha conseguido aprobar diferente expedientes de modificación de crédito con el que se ha conseguido disminuir hasta los 27,7 millones de euros cuando los centros gestores gestionen las facturas pendientes.
Hernández Spínola ha señalado durante el pleno que “este gobierno paga a los proveedores, que están encantados de cómo este Gobierno está gestionando los recursos públicos y cómo están afrontando los pagos”.
“Lo dijimos desde el primer día, venimos aquí a mejorar las cosas y lo estamos haciendo”, ha añadido el concejal, que ha avanzado que “cuando acabe el año 2024, los 110 millones quedarán prácticamente en cantidades mínimas”. El Ayuntamiento sigue trabajando para reducir su deuda comercial a cero al igual que no tiene deuda financiera con bancos por su buena situación económica.
La presente modificación no altera la situación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y de la regla de gasto, dado que va destinada a dar cobertura a gastos incluidos en la cuenta 413 en el ejercicio anterior.
Así, de los 57 millones del crédito extraordinario, un total de 38,7 serán destinados a gastos corrientes en bienes y servicios; 9,9 en en inversiones; 3,4 en transferencias de capital; 2,7 en transferencias corrientes y 2,2 en gastos financieros.
Entre los centros gestores se encuentran Urbanismo, con 12,3 millones de euros; Aguas con 11,8; Vías y Obras con 10,4 o Vivienda con 3,4 millones de euros.
El área que dirige el edil Spínola ha mejorado, asimismo, el tiempo de pago a proveedores que se situó el pasado mes de febrero en 31 días, sensiblemente inferior al plazo máximo legal establecido en 60 días naturales después de la fecha de recepción de las mercancías o la prestación de los servicios.