El portavoz de Coalición Canaria (CC) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, David Suárez, ha recordado este martes que la capital grancanaria se enfrenta desde junio de 2022 a multas de hasta 100.000 euros por no haber implantado el quinto contenedor, o ‘contenedor marrón’, destinado a restos exclusivamente orgánicos.
“Hoy vemos cómo el gobierno municipal saca pecho tras colocar este contenedor para separar la quinta fracción en los 11 centros adscritos a la Red de Escuelas Municipales de Educación Infantil, lo que sencillamente nos deja atónitos”, explica el edil nacionalista, quien rememora que desde 2019 se viene anunciando por parte del PSOE que la capital grancanaria de forma inminente instalaría en sus calles la quinta fracción de la recogida selectiva.
Hay que recordar que en virtud de la Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, su artículo 25 establece que todos los municipios de más de 5.000 habitantes debían tener implantado el contenedor de la quinta fracción antes de que acabara el mes de junio de 2022.
“Mientras el resto de grandes capitales de España ya lo han hecho en su práctica totalidad, aquí seguimos esperando y sometidos a la incertidumbre de poder ser multados”, se lamenta Suárez.
“Por ahora en el único sitio donde hemos visto el contenedor marrón ha sido en infografías para presentar a bombo y platillo la llegada de fondos económico y desde ahora en los patios de las once escuelas infantiles.
Celebramos que los 1.200 niños y niñas de las Escuelas Infantiles vean separados sus residuos tal y como marca la ley, pero en nuestro municipio viven casi 400.000 personas que aún no pueden hacerlo”, añade.
A juicio de los nacionalistas este anuncio “con foto incluida” forma parte de una estrategia de “dilación”, porque seguimos oyendo hablar del contenedor marrón “pero nunca hemos visto ninguna acción encaminada a ponerlo en marcha”.
Tampoco la ciudad cuenta contenedores de metales y de recogida de aceites de uso doméstico, que suponen un consumo medio de unos tres millones de litros al año en la capital.
“Somos una de las peores ciudades del Estado en materia de reciclaje y no se ha avanzado nada en el tratamiento y separación de los residuos», enfatiza Suárez, que rememora que entre las excusas usadas por el grupo de gobierno para no arrancar con lo que marca la Ley 7/2022 está la de vincular este nuevo contenedor a la licitación del nuevo pliego de recogida selectiva.
“El gobierno recurre a los problemas de gestión y solo sabe poner excusas» lo que ha puesto a la ciudad a la cola en la gestión y tratamiento de residuos. “Estamos convencidos de que de no ponerse con carácter urgente este nuevo contenedor en las calles y los sistemas de tratamiento necesarios la ciudad acabará pagando las multas que recoge la ley para quienes incumplen”, finaliza.
