Este lunes 30 de enero tiene lugar el primer día de huelga en los aeropuertos de Lanzarote, Fuerteventura, La Palma y El Hierro en protesta por las condiciones “lowcost” que la empresa concesionaria Saerco pretende imponer en las torres de control de los aeródromos de esas islas. Los paros se repetirán todos los lunes del mes de febrero.
Cuando solo ha pasado una semana de la celebración de FITUR, en Madrid, dónde Canarias se posicionó como primer destino turístico del país y en la que el Gobierno canario y el central mostraron su músculo en materia turística anunciando nuevas conexiones, incentivos e infraestructuras para el sector, la intransigencia de la empresa Saerco en la negociación del convenio estatal aboca a la huelga a los controladores aéreos de las torres de control liberalizadas, entre ellas las de los aeropuertos de Lanzarote, Fuerteventura, La Palma y El Hierro.
Tras la infructuosa reunión en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA), del pasado día 19 de enero, tanto los sindicatos como Ferronats, empresa que junto a la primera conforman la patronal de Proveedores Civiles de Tránsito Aéreo del Mercado Liberalizado, propusieron una reunión previa a la huelga con la Secretaría de Estado de Transportes en busca de una posible intermediación, encuentro al que Saerco se opuso.
Después de la reunión del SIMA, las de negociación de convenio, y la negativa a acudir a otras instancias institucionales de una parte de la patronal, la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras (FSC-CCOO) y USCA mantienen la convocatoria de huelga para los días 30 de enero y 6, 13, 20 y 27 de febrero, un paro que afectará además de a estas cuatro infraestructuras canarias, a doce aeropuertos más en todo el Estado.
Conexiones nacionales, insulares e internacionales se verán afectadas por la intransigencia de una empresa que pretende que 160 personas trabajadores en todo el país sufran una merma salarial en los momentos de inflación que estamos soportando.
FSC-CCOO considera que el gestor aeroportuario AENA debe tomar cartas en el asunto, pues es de su plena incumbencia al ser la empresa pública la licitadora de los concursos de esas torres de control. A juicio del sindicato, una vez más se demuestra que lo privatizado no mejora la gestión pública, y que debería tomarse en consideración la reversión de este servicio público que afecta a la primera industria del país.