Nueva Canarias (NC) expresó hoy una alta preocupación por los efectos para la conectividad de los residentes, visitantes y para el sector turístico del Archipiélago de la compra de Air Europa por parte del grupo anglo-español International Airlines Group (IAG). El portavoz parlamentario y la portavoz económica de NC en el Parlamento, Luis Campos y Esther González, advirtieron de que un mayor monopolio y la previsible subida de precios de los billetes hacen que la declaración de las conexiones aéreas como obligaciones de servicio público (OSP) sea “más urgente que nunca”. Una reclamación que ha contado con el respaldo unánime de los grupos de la Cámara en el debate de la nacionalidad canaria, al igual que el rechazo a la privatización de las torres de control de los aeropuertos de Tenerife y de Gran Canaria además de la exención del régimen europeo de comercio de los derechos de emisión de los gases de efecto invernadero.
“Nos preocupa mucho”, manifestó Esther González, la operación de compra de Air Europa por el número de compañías que ya pertenecen a la multinacional IAG y operan en las islas. Se trata de Iberia, British Airways, Vueling y Aer Lingus así como otras marcas propias como Level y diversas participaciones y franquicias en otras empresas.
Aunque la operación está pendiente de la autorización del Tribunal Europeo de Defensa de la Competencia, la alarma se explica, según NC, por la influencia de esta multinacional en la conectividad del Archipiélago. En base a las previsiones dadas a conocer por el Gobierno canario, las plazas ofertadas por Vueling, Iberia Express, Iberia y Air Europa para esta temporada de verano, que comienza el próximo mes de abril y se extiende hasta octubre, suman juntas 2.588.229 asientos.
Una cifra que supone el 73% del total de plazas programadas que ponen al mercado las aerolíneas en el tráfico con Canarias y el resto del Estado, que este verano suman 3,5 millones. El verano de 2019, y sin contar Air Europa, la cuota de mercado de IAG era del 56%.
La situación de monopolio se profundiza y el previsible incremento de los precios de los billetes es una de las primeras consecuencias, aseguró Luis Campos. La portavoz económica añadió que además supone un “incumplimiento” de la ley de los presupuestos generales del Estado para 2018.
En esta norma, tal y como explicó González, se establece que las autoridades competentes en materia de competencia “velarán” para que las compañías prestatarias de servicios de pasajeros “no establezcan pactos de colusión” que incrementaran los precios.
Esta situación hace “más urgente que nunca” que se haga efectiva la declaración de las líneas de conexión del Archipiélago con la Península como OSP, lo que permitirá poner precios máximos de referencia a los billetes con el objetivo de controlar incrementos abusivos; declaró el portavoz parlamentario.
“Debemos unirnos todos” para lograr que el Gobierno estatal resuelva con las instituciones europeas la declaración de las obligaciones de servicio público y para analizar las repercusiones de la compra de Air Europa. Cuestiones todas que fueron recogidas por una propuesta de resolución de NC al debate de la nacionalidad, que ayer jueves fue secundada por la unanimidad de los grupos del Parlamento.
El mismo apoyo que se logró, en la misma sesión plenaria, para rechazar la privatización de las torres de control aéreo de los dos aeropuertos de Tenerife y el de Gran Canaria puesta en marcha por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma). Como figura en el texto de la propuesta de resolución, “debilita un elemento tan esencial” para las islas como la conectividad y contribuye a la “precarización” de los trabajadores de estas infraestructuras.
Sin olvidar, y aunque no figura en la propuesta de resolución, que implica una limitación a la capacidad de autogobierno de la comunidad, contemplada en el Estatuto de 2018 en vigor.
El voto favorable de los 70 escaños de la Cámara también se repitió en una tercera propuesta de resolución vinculada con las conexiones aéreas destinada a garantizar que Canarias quede al margen de la aplicación de la directiva europea sobre el régimen de comercio de los derechos de emisión de los gases de efecto invernadero.
Esta regulación también derivará en un incremento de los fletes y de los precios de los billetes y, en consecuencia, afectará directamente a “nuestra economía, al turismo y a las importaciones y exportaciones de mercancías”, denunció Esther González.
